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En Chile, los juegos de azar se consideran actividades que requieren una habilitación legal específica. La SCJ explica que solo pueden operar excepcionalmente aquellos expresamente autorizados, como Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, la actividad hípica y los casinos de juego comprendidos en el marco correspondiente.
A 30 de septiembre de 2026, la SCJ mantiene que la explotación comercial de plataformas privadas de apuestas en línea es ilegal y que actualmente no cuenta con facultades para regularlas o fiscalizarlas.
La Ley N.º 19.995 regula casinos de juego autorizados dentro de su ámbito y establece expresamente que sus permisos de operación no comprenden juegos de azar en línea. Por tanto, no debe utilizarse dicha ley para presentar plataformas privadas online como casinos autorizados por la SCJ.
El Boletín N.º 14.838-03 pretende crear un marco regulatorio para plataformas de apuestas en línea, pero sigue en tramitación. El Senado mantiene un plazo de indicaciones hasta el 16 de octubre de 2026, de modo que sus disposiciones propuestas aún no constituyen legislación vigente.
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Una plataforma puede declarar una licencia emitida por una autoridad extranjera. Esa información puede ser relevante para comprender la entidad que supervisa determinados aspectos de su actividad en otra jurisdicción.
Sin embargo, una autorización extranjera no equivale automáticamente a una autorización chilena ni a una licencia de la SCJ. Tampoco debe interpretarse por sí sola como garantía absoluta de seguridad, solvencia, transparencia o pago.
Los juegos de azar implican riesgo de pérdida. Deben considerarse una forma de entretenimiento y no una inversión, una fuente de ingresos o una estrategia para solucionar problemas económicos.
Una persona adulta debería fijar límites de tiempo y presupuesto antes de jugar. No es recomendable perseguir pérdidas, pedir dinero prestado para apostar ni comprometer fondos destinados a gastos esenciales.
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La legislación aplicable dependerá de las circunstancias concretas, de la ubicación de las partes y de las normas obligatorias que correspondan. En materia de juego, debe considerarse especialmente el marco chileno vigente descrito anteriormente.
Si una disposición resultara inválida o inaplicable, las demás podrán conservar su efecto en la medida permitida por la legislación. La disposición afectada deberá interpretarse de manera compatible con las normas obligatorias.
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